Con seis votos a favor, este 5 de noviembre la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe sobre la investigación de los papeles de Pandora, donde determinó que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, inobservó el pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017, y que tiene relación con la prohibición de ejercer cargo público por tener vinculación directa o indirecta con empresas que poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.
A más del informe de esta mesa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció la presentación para el próximo miércoles de un informe sobre una investigación desarrollada con su equipo de trabajo respecto a los papeles de Pandora y la presunta vinculación del presidente Lasso con el caso.
Dijo que posee toda la información sobre el caso Pandora Papers, tanto de las empresas que se deshizo el presidente Guillermo Lasso, las empresas de Dakota del Sur, las empresas en Panamá como Banisi, lo que no pudieron obtener los miembros de la Comisión de Garantías, afirmó Villavicencio.
Insistió que su informe será contundente y no solo de las operaciones de Lasso, sino de otros personajes que aparecen en Pandora, pero principalmente es sobre el primer mandatario, a quien aspira entrevistar el próximo lunes, una vez que retorne al país de su viaje por Europa. Indicó que nadie le prohíbe como legislador presentar un informe que también lo entregará a los organismos de control.
Los papeles de Pandora constituyen una filtración de archivos publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que tiene relación con catorce proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países, muchos de los cuales son considerados paraísos fiscales.
Este informe fue aprobado sin debate, y el presidente de la mesa legislativa, José Cabascango, tras un receso para ajustar los textos ordenó la votación. Los legisladores Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela (BAN), presentaron un informe de minoría.
Los seis votos a favor del informe de mayoría vinieron de: José Cabascango, Edgar Quezada y Mario Ruiz (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES). En contra se pronunciaron Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano (BAN), en tanto, que Sofía Sanchez (Minka-Pachakutik), se abstuvo.
Sánchez, al razonar su voto, recordó que hace una semana atrás votó a favor de una prórroga de veinte días porque hacía falta para muchas acciones que se podían tomar como comisión, pero “hoy estamos diciendo al pleno que haga ciertas acciones, cuando la responsabilidad era de esta comisión”.
La Comisión de Garantías Constitucionales en sus recomendaciones determinó que se verifica la inobservancia por parte de Lasso al pacto ético del 2017 y la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular, “lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República por grave crisis política y conmoción interna”.
Sin embargo, en las mismas recomendaciones encarga al pleno de la Asamblea Nacional aprobar una resolución que disponga que en plazo máximo de ocho días, el presidente de la República, Guillermo Lasso, comparezca para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda las preguntas. Luego la misma comisión hará un informe para conocimiento del pleno.